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El Racing vivirá mañana, viernes, en los juzgados otro capítulo que puede ser vital para su futuro. El actual presidente Ángel Lavín y el anterior Francisco Pernía declararán como imputados por presuntos delitos societarios continuados en su gestión del club, a partir de las 09.00 horas, en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander. No ha prosperado la última intentona de Lavín para evitar la comparecencia justificando que tenía que asistir en Madrid al sorteo de la Copa del Rey. El juez no ha tragado. La expectación es grande y numerosos aficionados han confirmado que acudirán a los exteriores de Las Salesas a 'recibir' a los gestores racinguistas y mostrarles su malestar por la forma en la que han administrado la centenaria entidad en los últimos años, que ha terminado con el equipo en Segunda División B y una deuda a sus espaldas de más de 30 millones de euros.

El juez Miguel Ángel Agüero, encargado de llevar el caso, estimó indicios de delito en la denuncia contra ambos presentada por la Asociación de Exjugadores el 27 de diciembre de 2012. Ahora, once meses después, Lavín y Pernía tendrán que dar explicaciones ante el tribunal en una jornada que puede abrir un nuevo horizonte al futuro del Racing. Las consecuencias que puedan deparar sus declaraciones son imprevisibles, incluso que el juez tome medidas cautelares y les aparte del control de la entidad, aunque no se espera ninguna medida drástica a corto plazo.

El colectivo de exjugadores presentó a finales del pasado año una querella criminal en los Juzgados de Instrucción contra Lavín y Pernía por la comisión de «varios delitos societarios continuados» con el objetivo de denunciar «todas las actuaciones que están llevando a cabo los consejeros del Racing que puedan considerarse como administración desleal», es decir, aquellas que emprenden los directivos que «adoptan decisiones en perjuicio de una sociedad y de cualquiera de sus accionistas, y en beneficio propio o de terceros». En los 500 folios de documentación que contiene la querella «existen indicios más que evidentes de haberse cometido irregularidades flagrantes en su gestión que traspasan los límites de la legalidad», según los exjugadores.

El juez Agüero entendió el 19 de septiembre que en el escrito de querella se relatan unas actuaciones que «podrían tener encaje en el delito societario tipificado en el artículo 295 del Código Penal» y decidió citar a declarar a Lavín y Pernía el 8 de noviembre. Este precepto citado por el magistrado contempla la «administración desleal y disposición fraudulenta de bienes de una sociedad cometida por los administradores de hecho o de derecho o por los socios de una sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. En estos casos serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido».

Intentos de anulación

Lavín intentó en varias ocasiones detener sin éxito esta querella que ahora le obliga a él y a Pernía a pasar por los tribunales. Incluso en los últimos días ha vuelto a pedir el aplazamiento alegando que ese mismo día tenía que asistir al sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. No ha colado. En vez de en Madrid mañana estará en las Salesas.

Fuente: El Diario Montañés