Viernes, 10 de febrero de 2012

Los gestores creen que el futuro del Racing pasa por la intervención del Gobierno

«No podemos presionar a nadie, nuestra función es la de enseñar el camino». No lo expresaron directamente, pero lo dejaron entrever durante el desayuno de trabajo compartido ayer con los distintos medios de comunicación. Con Montalvo en la nevera, y teniendo en cuenta la poca confianza que generaría un nuevo Consejo de Administración perfilado por Alí, los gestores concursales del Racing están cada vez más convencidos de que el futuro del club pasa por la entrada en escena del Gobierno regional. Más concretamente, a través del inicio de un nuevo contencioso por parte de Cantur -en calidad de parte perjudicada a partir de los incumplimientos del contrato de compraventa firmado en su día con WGA- y la posterior solicitud de la intervención de un nuevo administrador judicial. El cuarto en este caso. El encargado de ejercer derechos sobre las acciones y la figura encargada de presentar, en última instancia, el convenio de acreedores.

Para ello resulta vital que la demanda se curse en Cantabria. A ser posible, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander. El de María del Mar Hernández. Y es que, según apuntan los propios administradores, teniendo en cuenta el convulso panorama institucional, lo «agradecidos» que están a la magistrada, y lo bien que ésta conoce el clima actual que vive el Racing, «si las medidas cautelares se solicitan en la región es más posible que se concedan». De hecho, gracias a las facilidades del juzgado, «el proceso va como una moto», según reconoció el administrador Santiago Ruiz Asenjo, presente en el desayuno junto a Alejandro Alvargonzález y el director general, Antonio Corino. Un ejemplo es la «rápida tramitación» en lo que tiene que ver con la resolución de los catorce incidentes en los que se ha sintetizado la disconformidad de los acreedores: «En quince días estará todo resuelto».

Los gestores del Racing creen que la propuesta del convenio de acreedores debe presentarse «no más tarde del 15 de marzo», para que se puedan desarrollar -conforme a la legalidad- los correspondientes plazos establecidos y el documento pueda aprobarse antes del 30 de junio. De lo contrario, el club quedaría «abocado a la liquidación».

Hasta el momento, ninguna de las partes con facultades para hacerlo se ha decido a presentar el convenio de acreedores -la Liga ha condicionado una propuesta de quita del 50% y un tiempo de espera de cinco años-. Tal y como explicaron los administradores, sin poderes de intervención sobre el accionariado -«dentro del proceso concursal no existe ningún instrumento legal para hacerlo»-, los únicos que pueden presentar una propuesta de convenio son el Consejo de Administración perfilado por el máximo accionista en la última Junta General de Accionistas -hoy suspendido tras las dimisiones en cadena- o una quinta parte de los acreedores de la entidad. Un 20% que aglutine un pasivo de más de nueve millones de euros.

Los jugadores, a escena

En este caso, lo más probable es que los gestores de la entidad soliciten a los propios jugadores -en su condición de acreedores- que se unan y cumplan con éste trámite formal para asegurarse de que se efectúa el primer paso. El del 15 de marzo. Otra opción sería hacerlo a través de la Agencia Tributaria, pero parece casi descartado que se persone teniendo en cuenta su naturaleza pública.

Una vez efectuado ese primer trámite, los administradores ganarían tiempo para cumplir el objetivo final de resolver el convenio de acreedores antes del próximo 30 de junio. «Es la fecha clave», confesó Ruiz Asenjo, ya que ese día finaliza el periodo de intervención concursal. El club entraría entonces en fase de liquidación, con la novedad de que quedaría expuesto a la modificación de la nueva ley en vigor desde el pasado 1 de enero. Prevé que aquellas sociedades anónimas deportivas que se encuentran en competiciones oficiales y que atraviesan situaciones de insolvencia tienen que acogerse a las particularidades de la legislación del deporte, con lo que los equipos de fútbol «dejan de estar protegidos». La situación entonces sería de «enorme riesgo» y podría provocar que el Racing descendiera a la Segunda División B si no hace frente a sus compromisos de pago.

Por eso cobra mucha fuerza y resulta casi imprescindible para la futura viabilidad del Racing que, cuanto antes, quede abierto otro «procedimiento principal». Ahí es donde entra en juego el Gobierno de Cantabria, cuyo papel sería el de personarse como parte afectada dentro del complejo proceso y, a la espera del juicio, reclamar las correspondientes medidas cautelares que decreten la administración de las acciones. A partir de ahí, y a través de la convocatoria de una nueva Junta de Accionistas -a requerimiento de cualquier socio-, podría conformarse un nuevo Consejo de Administración de consenso que se encargaría de resolver el convenio.

Este órgano también permitiría que, a partir del 1 de julio, una vez los administradores concursales hayan concluido su trabajo -presentar el convenio- y cesen en sus funciones, el Racing no quede de nuevo hipotecado bajo el gobierno de un Consejo perfilado por Alí Syed. La gestión del Racing y la planificación de la temporada 2012-2013 correspondería a la nueva administración del accionariado, a la espera de la resolución futura de los litigios de WGA con Montalvo y, si finalmente se lleva a cabo la demanda, también con el Gobierno de Cantabria.

Gran parte de las posibilidades de viabilidad futura del Racing quedan ahora a expensas de los contactos que se produzcan durante los próximos días entre los actuales gestores concursales de la entidad y los representantes del Ejecutivo. Tendrán que analizar los pros y los contras pero el Gobierno de Ignacio Diego ya ha manifestado en diversas ocasiones que su intención es la de colaborar con la causa siempre y cuando las acciones a emprender no hagan mella en las arcas públicas.

Fuente: El Diario Montañés 


Publicado por Castro2 @ 17:00 | 0 Comentarios | Enviar

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