S?bado, 28 de abril de 2012

Los recados del magistrado Barros al Gobierno y al Ministerio Fiscal

«La legitimación para hacer una solicitud tan gravosa como esta le correspondería en todo caso a aquel que en su momento, si recuperara las acciones, pudiera hacer uso de ellas, es decir Dumviro (Jacobo Montalvo)». Esta es una de las conclusiones más fuertes del juez Justo García Barros que tenía, más o menos, claro que se iba a declarar no competente en la pretensión del Gobierno para que designara un administrador judicial de las acciones de Alí, y que en su extenso auto de 19 páginas da algún tirón de orejas tanto al Gobierno regional como al Ministerio Fiscal.

En su amplia argumentación le sorprende que se acuda a los Juzgados de Santander y no a los de Madrid para solicitar las medidas. «Lo que se intenta -con la solicitud- es la resolución de un contrato, que no ha sido resuelto extrajudicialmente; ambas partes habían acordado en sus distintos contratos la sumisión ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid». Por eso les recuerda, que «pretender en un momento posterior variar lo que se había pactado en esos acuerdos no sólo es pretender contradecir la doctrina del juez, sino incluso ir en contra de sus propios actos». Además, en los 19 folios del auto, también se acordó del Ministerio Fiscal, del que dice que «no podemos analizar los argumentos o alegaciones en los que se basa su informe, pues estos no se han expresado».

El magistrado también pone de relieve que el verdadero interés de los letrados del Ejecutivo es nombrar un administrador judicial «con la declarada intención de que concurra a la Junta en vez de la entidad titular de las acciones (AlíGi?o». Por eso, «es evidente que el juez que se declara incompetente para la adopción de la medida solicitada no puede a continuación tomarla y remitirle el procedimiento al que resulte competente con la medida acordada».

Por último, en la penúltima página García Barros expone su principal conclusión para denegar la solicitud de los letrados de Cantur y del Ministerio Fiscal: «No se puede adoptar la medida cautelar solicitada, de la misma forma que tampoco se hubiera podido adoptar de mantener este juzgador su competencia, ya que no resulta homogénea con la pretensión que se ejercita en el procedimiento arbitral, ni proporcionada con lo que se pide por la actora (Gobierno)». Además, recuerda que «las costas de este procedimiento se deben imponer a la parte actora», el Gobierno y, por extensión, el bolsillo de todos los contribuyentes cántabros.

Fuente: El Diario Montañés 


Publicado por Castro2 @ 1:17 | 0 Comentarios | Enviar

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