Mi?rcoles, 25 de abril de 2012

El Racing, en manos del 'juez Justo'

Con el desastre deportivo prácticamente consumado, las esperanzas del racinguismo se centran únicamente en enderezar el rumbo institucional de la nave verdiblanca. En lograr la supervivencia de la entidad más allá del centenario. Pues bien, la llave que ofrece acceso directo al timón está ahora en manos del juez Justo García Barros, que ayer recibió las alegaciones del Gobierno de Cantabria en respuesta a la providencia que estimaba la incompetencia territorial de su Juzgado, el de Primera Instancia número 4, y, entre hoy y mañana, decidirá si asume el proceso y concede las medidas cautelares solicitadas por el equipo de abogados del Ejecutivo. Es decir, que tome o no la decisión de designar un administrador judicial de las acciones que tutele la mayoría de títulos del Racing de cara a la decisiva Junta de Accionistas de mayo.

Cuando en la mañana de hoy acuda a su despacho, García Barros se encontrará encima de la mesa un dossier de doce folios que considera, con artículos doctrinales y jurisprudencia, que el Juzgado de Primera Instancia Número 4 que preside «es competente», ya que el Gobierno planteó la solicitud de arbitraje «con criterio declarativo». De este modo, y según señaló el propio Ejecutivo presidido por Ignacio Diego en un comunicado, la decisión arbitral «no sería ejecutable» y no debería aplicarse como lugar la jurisdicción principal, en este caso Madrid -tal y como viene reflejado en los contratos firmados en enero del año pasado entre Alí Syed, Jacobo de Montalvo y el anterior Gobierno autonómico-, y sí la localidad «donde deban surtir efectos las medidas cautelares, en este caso Santander».

Además de la fuerza del propio recurso presentado ayer por la procuradora de Cantur, la mejor noticia para el Ejecutivo regional, y también para el futuro inmediato del Racing, es que las alegaciones vienen avaladas por la propia Fiscalía, que también presentó en tiempo y forma un informe propio, más reducido eso sí, pero no menos contundente y que coincide en que la competencia del proceso es de los Juzgados de la capital cántabra. Este paso del Ministerio Público, así como el hecho de que García Barros no decidiera enviar directamente el proceso a Madrid y solicitase escuchar a las partes antes de tomar una decisión acerca de la «posible incompetencia territorial» de su Juzgado, abren la puerta a una resolución favorable en cuanto a la aceptación de sus funciones.

De hecho, y según pudo conocer este periódico, los letrados del Gobierno tienen esperanzas reales de que García Barros de un paso al frente y conceda las medidas cautelares. Más según van pasando las horas y después de haber dedicado todo el fin de semana a ultimar un recurso de gran complejidad técnica. Están convencidos de la fuerza de su argumentación y de que el magistrado titular del Juzgado Número 4 ya habría asumido sus competencias de no ser por la gran trascendencia pública de un proceso como el del 'caso Racing'.

Plan 'anti Alí'

En caso de adoptar las medidas cautelares requeridas, el racinguismo vería cumplido el objetivo principal del 'plan anti-Ali'. Ese que arrancó cuando los administradores concursales del club 'enseñaron el camino' al Gobierno de Cantabria para que se decidiese a iniciar acciones legales contra el empresario indio y que tiene como principal finalidad el evitar que éste vuelva a tomar el control de la entidad en la inminente Junta de Accionistas del tercer fin de semana de mayo.

La presencia de un administrador de las acciones que tutele la mayoría de títulos del Racing en esa Asamblea evitaría un nuevo 'sainete' como el vivido en el salón de actos de la Facultad de Derecho y Empresariales el pasado mes diciembre y, sobre todo, que el nuevo Consejo de Administración del conjunto cántabro sea diseñado a la carta por Syed. La masa social verdiblanca sueña con una figura judicial que designe un órgano de dirección de consenso, que agrupe a distintas patas del racinguismo, y que lleve a la calma una tormenta institucional que ha derivado en el desgobierno del club y en el hundimiento de todo lo que tiene que ver con la parcela deportiva.

Si por el contrario, y pese a las alegaciones de Gobierno y Fiscalía, García Barros se muestra incompetente y decide llevar el proceso a Madrid -lo que significaría alargarlo entre cuatro y seis meses más-, la incertidumbre, o más bien el estado de alarma, se cerniría sobre la marca Racing. Teniendo en cuenta los continuos incumplimientos y las falsas promesas que constituyen el rastro dejado por Alí en Cantabria, peligraría seriamente la formación de un Consejo de Administración serio que asuma, con urgencia, las tareas pendientes. En cuanto a la planificación de la próxima temporada y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la aprobación del convenio de acreedores que han diseñado Alvargonzález, Camarena y Ruiz Asenjo y que tiene que recibir el OK definitivo antes del 30 de junio, momento en el que los tres gestores dejarán el club. De no aprobarse el documento para entonces, correría serio peligro la propia supervivencia de la entidad.

Fuente: El Diario Montañés 


Publicado por Castro2 @ 18:45 | 0 Comentarios | Enviar

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