El Racing deberá pagar 2,5 millones de euros a los clubes que integraron el G-30 (grupo que englobó en el año 2004 a los equipos más modestos que militaban entonces en Primera y en Segunda División) por incumplir el acuerdo para la gestión y venta conjunta de los derechos de televisión.
Así figura en el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Comité Olímpico Español, al que ha tenido acceso este periódico, y sobre el que no cabe recurso.
Posibilidad ya prevista
La posibilidad de que el Racing fuera sancionado por el incumplimiento del acuerdo para la venta conjunta de los derechos de televisión quedó reflejada en el acuerdo de compra venta de las acciones que suscribieron el grupo empresarial de Santiago Díaz y el Gobierno regional. Un apartado en el que se establece que deben ser los anteriores propietarios del club los que hagan efectiva dicha multa, es decir, el grupo encabezado por Santiago Díaz.
Aún así, el Racing ha visto como no se ha atendido en su totalidad la demanda formulada por el G-30, que reclamaba de la entidad santanderina una sanción de cinco millones de euros, además de una cantidad económica por los posibles perjuicios causados y el pago de las correspondientes costas.
Antecedentes
Los hechos sobre los que ha fallado ahora el Tribunal de Arbitraje se remontan al año 2004, cuando un total de 30 clubes modestos de Primera y Segunda División, ante el vencimiento de sus contratos individuales de cesión de los respectivos derechos audiovisuales a diversos operadores, deciden agruparse para negociar conjuntamente el nuevo periodo de cesión.
La idea consistía en unirse para ejercer una mayor presión a la hora de negociar unos derechos de televisión que se preveían a la baja y ante la fortaleza de los clubes más potentes de la Liga española, que aparecían como los mayores beneficiarios en el reparto del 'pastel televisivo'. Entre aquellos clubes modestos que se unieron figuró el Real Racing Club, contrato que firmó el entonces presidente del conjunto santanderino, Dimitry Piterman.
Sin embargo, meses después y ya con Santiago Díaz Díaz como presidente del club tras la destitución de Piterman como máximo responsable del consejo de administración, el Racing suscribió -el 21 de agosto de 2003- un acuerdo unilateral con la Sociedad Gesport S.A. (del Grupo Sogecable) al que cedió los derechos audiovisuales de la transmisión de sus partidos.
La decisión del Racing tuvo como inmediata respuesta la demanda del resto de miembros del G-30. Los clubes que firmaron el contrato de gestión conjunta de los derechos de televisión acordaron también que si alguno de ellos se salía del trato debería pagar una multa que iba de 1,250 millones de euros (para un equipo de Segunda División) hasta los cinco millones de euros (para un equipo de Primera).
El Tribunal de Arbitraje ha considerado que una cuantía adecuada de la sanción se debe fijar en los 2,5 millones de euros.
Fuente:
El Diario Montañés